Gratuidad no significa equidad

A muchos les parece obvio que la gratuidad en educación superior mejorará el acceso de los jóvenes más desaventajados a las universidades, institutos profesionales y centro de formación técnica. Sin embargo, hay evidencia que, pese a no ser concluyente, muestra que se trata de una perspectiva equivocada. Gratuidad no equivale necesariamente a mayor equidad. Puede ser exactamente a la inversa.

Para muchas personas que siguen el debate sobre el financiamiento estudiantil de la educación superior les parece obvio que la política de gratuidad mejorará el acceso de los jóvenes más desaventajados a este nivel educativo y que, por lo tanto, se producirá más equidad. Sin embargo, esa perspectiva está lejos de ser cierta. Las habituales restricciones fiscales que acompañan estas políticas pueden, incluso, afectar esa posibilidad. De hecho, la política que se discute en nuestro país contempla la regulación de las vacantes en las instituciones que adscriben a gratuidad. Es uno de los mecanismos habituales de control del gasto público en estas circunstancias. Y una vez que deben asignarse cupos escasos no es evidente el alcance que tendrá la cobertura educacional y, sobre todo, como se distribuirán ellos entre los interesados en acceder a la educación superior. Por cierto, en un mundo de recursos abundantes o de pocos postulantes este problema desaparece, pero no es ese el caso chileno.

En efecto, desde el año 2000 se observa un fuerte interés en acceder a la educación superior y la cobertura actual se ubica en niveles elevados en comparación con otros países de la OECD. A pesar de ello sigue existiendo la percepción de que ésta debe seguir aumentando. Así, en el último estudio nacional de opinión pública del CEP (julio-agosto 2017) el 68 por ciento de los chilenos cree que la cantidad de jóvenes en educación superior debe aumentar. Y no cabe duda que ello obedece, como sugiere el propio estudio, a las expectativas de mejores oportunidades laborales, movilidad social y desarrollo personal que se le atribuye a la tambiñen llamada formación terciaria.

Mientras esto está en curso, los avances de la política de gratuidad ocurren con una marcada cautela financiera. En varias casas de estudio, los aportes por gratuidad están por debajo de las transferencias previas que recibían las universidades por la suma de becas, créditos y aportes de las familias. Pero los déficits generados son sólo parcialmente compensados por otros fondos. Así, se ha producido una tensión que hasta ahora el sistema de educación superior no conocía. En efecto, éste sistema era, desde el punto de vista financiero, indiferente entre estudiantes beneficiarios de ayudas estudiantiles y estudiantes que carecían de ellos. Ahora, la matrícula de los jóvenes beneficiarios por gratuidad es menos atractiva que la matrícula de aquellos que no son beneficiarios. Los resultados sobre equidad de esta iniciativa son, por tanto, riesgosos, más todavía si nos acordamos de la restricción a las vacantes que está imponiendo la política de gratuidad y la presión a la que están sometidas muchas instituciones para mejorar sus niveles de investigación y docencia (dos objetivos que no se pueden lograr sin dinero).

Ahora bien, si la equidad y calidad del sistema de educación superior se garantiza mejor con una política de gratuidad de la educación superior o con las características que tenía nuestro país hasta hace poco es finalmente un asunto empírico. Y al respecto es difícil ofrecer afirmaciones taxativas.

La tabla 1 aporta a esta discusión, pero no la sanciona. Con todo, es interesante notar que la cobertura en educación superior no está correlacionada con los modos de financiamiento de la educación superior. El contraste de la cobertura de Chile con las observadas en Argentina y Uruguay, por ejemplo, es ilustrativo. En los dos países del Atlántico la política de gratuidad está muy extendida, pero ello no ha ayudado a la equidad. En todos los quintiles, particularmente en los de bajos ingresos, la cobertura es más reducida que en nuestro país. La razón de cobertura entre el quinto quintil (el de más altos ingresos) y el primero llega a 2,2 mientras que en Argentina y Uruguay alcanza 3,1 y 11,7 veces, respectivamente. El único país de la región que tiene en esta dimensión un mejor indicador que Chile es Bolivia (1,8), pero hay que reconocer que después de Ecuador es el de peor cobertura en el grupo de más altos ingresos, algo que puede ser el resultado de problemas de disponibilidad en la oferta educativa.

Se podría cuestionar este resultado sosteniendo que el crecimiento desregulado de la oferta de educación superior ha abierto posibilidades de estudio de baja calidad a jóvenes de escasos recursos. Sin embargo, en diversos indicadores la educación terciaria chilena aparece como la primera de América latina. Además, menos del 10 por ciento de las personas estudiaría en instituciones no acreditadas. Por cierto, de aquí no se desprende que nuestro sistema de educación superior no tenga mucho que mejorar, pero es importante poner en contexto los verdaderos desafíos que enfrenta. Adicionalmente, hay que mencionar que la educación superior en nuestro país es razonablemente eficiente (he escrito sobre esto en otra nota de este blog).

Por cierto, se requiere más evidencia para dilucidar este asunto. Al respecto, es interesante una evaluación de la experiencia inglesa de las últimas dos décadas, que pasó de tener una política de gratuidad para los estudiantes en la educación superior a una donde los aranceles se han ido liberando progresivamente, fijándose la última vez un techo de nueve mil libras anuales para los estudios de pregrado. Un estudio muy reciente sobre esta experiencia (Murphy et al. 2017) concluye que el incremento de los aranceles ha elevado sustancialmente la participación en la educación superior de los jóvenes provenientes de hogares de menores recursos, contribuyendo de manera significativa a la equidad en el acceso. El estudio hace notar que ello cambió la tendencia de la década de los 80 y 90 (período con gratuidad), donde el aumento en la participación de los jóvenes en la educación superior sólo benefició a aquellos que provenían de los hogares de mayores ingresos (por razones similares a las que exponíamos más arriba). Además de aumentar la participación y la equidad, la introducción de aranceles ha elevado la calidad del sistema educacional inglés. Por supuesto, la introducción de aranceles no ha significado olvidarse de las políticas de ayuda estudiantiles. Se ha permitido que los jóvenes puedan obtener, mientras estudian, créditos contingentes al ingreso que, por su diseño, no significan su sobreendeudamiento (su diseño es muy similar al que hemos propuesto Loreto Cox y yo en  este documento).

El asunto de cómo definir las políticas de financiamiento estudiantil en la educación superior merece todavía mucho estudio, pero la idea de que la gratuidad garantiza mejor el acceso a la educación superior y, por tanto, su derecho es al menos discutible.