Un flaco favor al debate en educación

El recién publicado informe 2017 sobre la prueba Simce de escritura para sextos básicos, además de presentar sus habituales resultados, contrasta dos visiones de política educacional a través de una carizaturización artificial que, de paso, menosprecia el papel que puede jugar la sociedad civil y la competencia bien diseñada en el logro de una educación más equitativa y de mayor calidad.

Si uno piensa en los objetivos de nuestro sistema escolar es posible que existan grandes acuerdos. Los desempeños escolares son, en promedio, mediocres y, junto a eso, el peso del contexto sociocultural de los estudiantes influye de manera relevante en ellos. En consecuencia, el deseo general está no sólo elevar los aprendizajes de los estudiantes sino también en reducir la importancia que el nivel socioeconómico tiene en los logros educativos.

Ahora, si se trata de discutir sobre las políticas más efectivas comienzan a surgir discrepancias, pero tampoco conviene exagerarlas. A veces, como el debate es muy ideológico, estas diferencias no sólo se exacerban, sino que se caricaturizan. En alguna medida ello es inevitable en momentos en los que el debate es crispado, como ha ocurrido en los últimos años en educación.

En estas circunstancias uno espera que las instituciones que tienen una vocación más permanente actúen como factores de moderación. Sorprende, entonces, cuando ese carácter no se hace presente. Esto es lo que ocurre al revisar el informe que reporta los resultados de la prueba Simce de sexto básico de escritura que fue dado a conocer en conferencia de prensa el pasado 27 de septiembre.

Además, de la información habitual el reporte insinúa que en el país se ha instalado una nueva forma de orientar la educación chilena (correcta) que contrasta fuertemente con una anterior (incorrecta) y que se refleja en la siguiente figura, titulada “Una nueva visión sobre cómo impulsar y movilizar el sistema educativo”.

 

 

Es indudable que, a propósito de la reforma educacional llevada adelante por el actual gobierno, se hacen esfuerzos por reinterpretar el pasado. Sin embargo, la caricatura aquí ilustrada le hace un flaco favor al debate educacional. Si bien la divulgación de los resultados del Simce generaba históricamente la publicación de rankings —rankings que, a su vez, podían ponerle algún grado de presión a los planteles escolares—, sostener que las políticas educacionales de sucesivos gobiernos desde 1995 (fecha en que comenzaron a hacerse públicos con regularidad estos desempeños) consistieron básicamente en promover la competencia entre establecimientos para lograr avances en los aprendizajes revela una falta de visión inexcusable en una agencia pública que debería intentar recoger fielmente el debate educativo. Esto es aún más grave cuando la creación de la Agencia de Calidad de Educación, así como las funciones que se la han asignado, obedecen a un amplio acuerdo transversal que no se compadece con el sesgo existente en esta figura.

Hay, además, un error conceptual en la aproximación que deja traslucir la figura. Supone implícitamente que las herramientas que presenta son incompatibles entre sí. Pero la verdad es que, atendido los desafíos que implica alcanzar mayores niveles de calidad y equidad en la educación chilena, hay que estar abierto a utilizar todos los instrumentos disponibles en la “caja de herramientas”. Los resultados públicos, la comparación entre colegios y la posibilidad de elegir entre distintos proyectos educativos tiene un potencial que no se debe desaprovechar. Son muchos los países —por cierto no todos— que incluyen, dentro de sus políticas educativas, estrategias de esta naturaleza. Australia es un ejemplo interesante. Si uno visita la página web https://www.myschool.edu.au/ se puede encontrar mucha información comparativa entre colegios, incluyendo alguna que se asemeja a los semáforos chilenos de 2010-11, muy cuestionados en su momento. Por cierto, la información también presenta ajustes por la composición socioeconómica del estudiantado y se la defiende como preferible a la hora del análisis. Pero no se excluye a priori ningún antecedente (y, de hecho, en Australia se generan también rankings). En gran medida, existe confianza en que los padres, las madres y las comunidades educativas podrán analizar sabiamente la información que se presenta. Y, por cierto, que la sociedad civil puede ser un aliado en la mejora de los desempeños escolares.

La reducción en la disponibilidad de información en Chile deja, en la práctica, la evaluación del desempeño de los planteles escolares en manos de los expertos. Hay implícita una desconfianza en el papel que la sociedad civil puede jugar en la mejora de los desempeños educativos. La “presión” que ésta puede ejercer no es bien vista, seguramente porque se cree que ella se dejaría llevar, en opinión de los expertos, por factores intrascendentes. Promovería así, quizás, una competencia desenfrenada y poco interés en la colaboración. Este análisis parece olvidar que el Simce no es una prueba de altas consecuencias y que, por construcción, posibilita que todos los colegios puedan mejorar. Así, el avance de un colegio no significa el retroceso de otro. El camino tomado es, por tanto, poco meditado.

Al mismo tiempo, el desaliento de la competencia es inadecuado. Si bien sus efectos en  en el sistema escolar son aún discutidos, descartar impactos positivos de la competencia en marcos institucionales bien diseñados parece aventurado. Hay estudios que demuestran efectos positivos importantes. Por ejemplo, Christopher Neilson en su “Targeted Vouchers, Competition Among Schools, and the Academic Achievement of Poor Students” (2013) estima que la subvención escolar preferencial que comenzó a implementarse en Chile en 2008 elevó los desempeños de los estudiantes más vulnerables disminuyendo las brechas con alumnos más acomodados. Este efecto sería resultado de un aumento de la calidad de la educación en barrios desaventajados, originado, a su vez, en un aumento de la competencia efectiva en ellos (véase https://sites.google.com/site/christopherneilson/work-in-progress).

Otro estudio más reciente, esta vez en Paquistán, de Barrera-Osorio et al. (2017), muestra como políticas educacionales que se inscriben entre aquellas que promueven la competencia entre colegios elevaron los aprendizajes educacionales y también la cobertura escolar en poblados con escasos servicios (véase http://www.nber.org/papers/w23870). Los beneficiados fueron particularmente los niños y niñas más pobres.

Así, resulta apresurado sacar del conjunto posible de políticas educacionales aquellas que promueven la competencia si se tiene como objetivo prioritario la calidad y equidad de la educación. La insinuación de la Agencia de Calidad, revelada en la figura descrita, empobrece el debate educacional y también contribuye a una polarización innecesaria.