Notas a propósito del debate constitucional

A propósito del debate constitucional, algunas reflexiones sobre la necesidad o no de una nueva Constitución y los beneficios que podemos esperar de ello.

En un seminario internacional sobre La Constitución una “prestigiosa” académica chilena declara que la ausencia de máquinas para hacer mamografías en los hospitales públicos tiene su causa en nuestra Constitución.

Para cualquier persona que entiende medianamente el margen de acción de la Constitución resulta para la risa esta afirmación. Sin embargo, para mi sorpresa pocos de los presentes estallaron en risas. Ello me hace pensar que para un grupo significativo de personas una nueva Constitución significa una mejor calidad de vida, algo que la evidencia muestra como poco probable.

Es evidente que una nueva Constitución no va a resolver ni la corrupción, ni los problemas de delincuencia, del transporte público, ni la calidad de la educación, de la gestión pública, ni del aire. Por ende, resulta fundamental tener conciencia, cuáles son los problemas que una nueva Constitución puede resolver y cuáles escapan sus competencias, de lo contrario arriesgamos generar falsas expectativas, que lleven una vez más a la frustración.

Existe la ilusión de que el nivel de bienestar asegurado por un Estado depende estrechamente de la Constitución, como si por el sólo hecho de que la Constitución contemple ciertos derechos sociales, estos se materializan cumpliendo con el mandato. La experiencia nos indica que la realidad es diferente. ¿Qué nos dice la evidencia comparada? Si observamos las constituciones de los diferentes países, observamos que no existe correlación entre el número de derechos resguardados en la Constitución y el cumplimiento del resguardo de dichos derechos. Países con estados de bienestar como Dinamarca, Finlandia, Suiza, Canadá, Holanda, Suecia, Australia, Nueva Zelandia, Alemania y Austria, entre otros[1], contemplan  menos derechos sociales en su Constitución que países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, Brasil, Etiopía, Nicaragua y Colombia. Una regresión simple entre 127 países nos muestra que no existe prácticamente correlación entre número de derechos sociales resguardados en la Constitución y su índice de bienestar social, de hecho la correlación que se encuentra es negativa (-0,105, con un R^2 de 0,01). Si observamos nuestra realidad nacional, notamos que la Constitución nos asegura a todos los chilenos un aire limpio y está claro que eso no ocurre, al menos no en Santiago, Temuco y Coihaique. Además, en 2013 se modificó la Constitución para asegurar acceso universal a la educación parvularia a todos los niños a partir de los dos años y cuatros años después de dicha modificación no hemos avanzado en ese derecho.

Si una nueva Constitución no resolverá nuestros problemas cotidianos, ¿para qué cambiarla? Existen al menos dos razones para cambiar la Constitución. La primera tiene que ver con su legitimidad y la segunda con las restricciones que establece al juego democrático. La actual Constitución contempla distintos mecanismos que buscan resguardar determinadas áreas de mayorías simples. La Constitución del 80 contaba con cuatro instrumentos para restringir el juego democrático (sistema electoral binominal, quórums supra mayoritarios, senadores designados y el Tribunal Constitucional), de los cuales hoy sólo quedan dos: los quórums supra mayoritarios para las leyes orgánicas constitucionales y el Tribunal Constitucional.[2] El problema no radica propiamente en estos instrumentos, que dicho sea de paso se encuentran presentes en varios países del mundo (países como Sudáfrica, Colombia, Bolivia, Perú, Tailandia, Austria, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros, cuentan con tribunales constitucionales y quórums supra-mayoritarios existen por ejemplo en Estados Unidos para aprobar tratados internacionales, en Austria para conceder monopolios, en Costa Rica para aprobar proyectos de ley sobre el Poder Judicial y establecer limitaciones al derecho de propiedad, en Bélgica para establecer atribuciones de los municipios, etc.), sino en su legitimidad. Una regla alta de quórum legislativo busca producir mayor estabilidad político-normativo en determinadas materias calificadas en la Constitución. Por cierto, este mayor grado de estabilidad se logra rigidizando determinadas materias y en los hechos lleva a entregar un veto a minorías políticas, reduciendo el poder de las mayorías. Esto de por sí no es necesariamente malo, de ahí que en varios países existan quórum súper-mayoritarios para materias específicas, pero claramente restringe la esfera democrática. El problema no radica necesariamente en las restricciones a la democracia que conllevan estos quórums contra-mayoritarios, sino en el hecho de que estas restricciones no contaron en su minuto con legitimidad democrática, es decir, no responden a un consenso de los ciudadanos y esto nos lleva al problema original de nuestra Constitución. El origen dictatorial de nuestra Constitución es su principal problema y a pesar de las grandes modificaciones que ha sufrido, su pecado de origen es difícil de borrar. Ahora bien, una nueva Constitución no sólo superaría el problema de origen de nuestra actual Carta Magna, sino que además implica redefinir el límite del juego democrático, qué aspectos vamos a resguardar de las mayorías simples y cuáles vamos a dejar a la deliberación democrática.

[1] Revisar el índice de progreso social 2017, accesible en: https://www.socialprogressindex.com/

[2] En 2004 se aprobó la modificación constitucional que pone término a los senadores vitalicios y designados y en 2015 se promulgó la ley que cambia el sistema binominal por uno proporcional.