Crónica de una muerte anunciada

El Gobierno de la Presidenta Bachelet recibió muchas críticas al momento de presentar un proyecto de nueva Constitución cinco días antes de terminar su mandato. Sin embargo, el proceso llevado a cabo nos debería hacer reflexionar sobre un tema mucho más primordial: el rol de los partidos políticos en nuestra democracia.

Casi como lugar común se dice que no hay democracia sin partidos. Que mientras más fuertes son los partidos, mejor funcionará el sistema democrático. Y para ello, uno de los principales desafíos es que sean representativos, integradores de preferencias, articuladores de posturas ideológicas, e intermediadores entre los ciudadanos y el Estado (leer aquí). Dicha representación es uno de los principales desafíos de los partidos políticos actuales. Y ello fue, precisamente, una de las razones para la nueva ley de partidos que se publicó el 2016 (Ley Nº 20.915).

No deja de sorprender, entonces, que el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, impulsor de dicha ley y de otras para fortalecer al sistema democrático, no hiciera partícipes a los partidos políticos en la reforma en la que debían estar por excelencia: la reforma constitucional. Su ausencia, en cuanto colectivos políticos, durante el proceso de elaboración del proyecto de nueva constitución fue tal que algunos dirigentes de partidos se desentendieron incluso antes de que se hiciera público.

Tanto fue el énfasis que se puso en la participación ciudadana durante la “etapa participativa del proceso constituyente abierto a la ciudadanía”, y tal la oscuridad de lo que ocurrió en la etapa de redacción del proyecto, que da la sensación de que el entonces Gobierno se olvidó del lugar común: no hay democracia sin partidos.

Lo interesante es que no es la primera vez que sucede algo así en el mundo. El proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Islandia, después de la crisis financiera del 2008, sufrió una suerte similar. Campañas ciudadanas, alta participación, uso intensivo de tecnologías y redes sociales que culminaron en un proyecto de nueva constitución redactado por 25 ciudadanos elegidos entre 500 participantes. Sin embargo, al llegar al Parlamento, el proyecto no prosperó. Los partidos políticos y parlamentarios se desentendieron, especialmente cuando comenzaron los cuestionamientos a los aspectos técnicos propuestos (para más información leer: http://www.iconnectblog.com/2013/04/iceland-end-of-the-constitutional-saga/).

Ese es el problema de los lugares comunes. Que por obvios se callan, y por callar, se olvidan.

Para una opinión interesante respecto al fallido intento de reforma constitucional en Chile, leer http://www.iconnectblog.com/2018/03/the-rise-and-fall-of-a-constitutional-moment-lessons-from-the-chilean-experiment-and-the-failure-of-bachelets-project/