Sesgos y justicia: el caso de los jueces de fianza

¿Por qué es más probable que un juez de fianza deje libre a un acusado blanco que a uno afroamericano mientras espera su juicio en Estados Unidos? Obviamente, la primera causa que se nos puede ocurrir es que se trata de un caso de discriminación racial. La balanza de la justicia estaría cargada en contra de los acusados de color. Sin embargo, no siempre la explicación más simple es correcta.

En Estados Unidos, el acusado de un delito enfrenta un juez de fianza (bail judge) que debe decidir si, mientras espera el juicio, su libertad estará restringida de alguna forma.

Un juez de fianza, en la práctica, conoce pocos detalles del caso, solo la naturaleza del crimen que se le imputa al acusado, la evidencia que obra en su contra, la naturaleza del potencial peligro que el acusado representa para la sociedad y, en particular, el riesgo de evasión, que sopesa características como la conexión del imputado con la comunidad, su estatus laboral, sus condiciones de vida y su comportamiento previo. En ningún caso el juez de fianza debe manifestarse sobre la culpabilidad o inocencia del acusado y su único objetivo legal es minimizar el riesgo de mala conducta del acusado mientras espera un juicio. Existe cierta evidencia que los jueces se pueden dejar influenciar, incluso, por la forma en que los acusados se visten (o, al menos, eso parecen creer los abogados)

En general, los  jueces de fianza tienen poco contacto con el acusado y cuentan con notable discrecionalidad para fijar las condiciones de liberación que les parezcan apropiadas. Estas últimas van desde obligar al acusado a usar un dispositivo que permite rastrearlo, el arresto domiciliario, la obligación de presentarse regularmente ante la corte, fijarle una fianza monetaria (que se pierde si el acusado no se presenta al juicio) hasta negarle del todo la libertad provisional.

En una muestra de fianzas fijadas en Miami y Philadelphia, un acusado negro tiene un 3,6 por ciento mayor probabilidad que se le asigne una fianza y, condicional en que se le imponga una, esta será, en promedio más de 9.000 dólares mayor que la de un acusado blanco similar. Una fianza y, especialmente, una más alta hace más improbable que el acusado pueda quedar en libertad mientras espera un juicio.  ¿Por qué es más probable que un juez de fianza deje libre a un acusado blanco que a uno afroamericano mientras espera su juicio en Estados Unidos?

Obviamente, la primera causa que se nos puede ocurrir es que se trata de un caso de discriminación racial. La balanza de la justicia estaría cargada en contra de los acusados de color. Sin embargo, no siempre la explicación más simple es correcta.

Por ejemplo, si en promedio los acusados de color tienden a cometer más delitos más graves que los blancos, entonces es probable que representen un peligro mayor para la sociedad mientras esperan un juicio. Si ese es el caso, los jueces estarían justificados en su decisión de conceder más prisión preventiva (o negar la fianza) a un acusado de este grupo. Ello porque, sin más información, es más probable que provoque algún daño mayor, ya sea en la forma de un segundo delito que interfiera con la investigación en su contra o que, sencillamente, no se presente el día del juicio.  De hecho, dos artículos  que se han formulado la pregunta en serio (Knowles, Persico y Todd 2001; y Anwar y Fang 2006) encuentran que no habría necesariamente un sesgo en el actuar de los órganos de justicia y policía.

En 1957, el economista Gary Becker en su libro The Economics of Discrimination, propuso un test para determinar si un juez de fianza actuaba o no con un sesgo racial al decidir a quién liberaba y a quién no (o a quién le fijaba una fianza más alta). De acuerdo a Becker, un juez racional debería sopesar dos medidas: (i) el costo potencial de dejar libre a un acusado, que se mide por la probabilidad de que cometa un delito, dañe la investigación o no se presente al juicio, multiplicado por los costos que estos comportamientos tienen para la sociedad, y (ii) el beneficio potencial de liberarlo, que incluye factores como la reducción del hacinamiento en las cárceles, el menor costo social de mantener a una persona encarcelada, la potencial mayor participación laboral del acusado y la utilidad o “desutilidad” directa del juez en su reputación por ser considerado más blando o más duro con el crimen.

Dado esto, deberían existir “acusados marginales” que son aquellos para los cuales el beneficio de liberarlos iguala exactamente a su costo. Si los jueces no estuvieran sesgados en forma alguna —incluso corrigiendo por la mayor/menor probabilidad de cometer delitos del grupo al que pertenece el acusado—, la probabilidad de equivocarse en el “acusado marginal” (es decir, que cometa un delito o presente mala conducta una vez liberado) debiera ser independiente de la raza de dicho individuo. Todo lo demás constante, la probabilidad de violar los términos de su liberación debiera ser igual entre acusados marginales sean estos negros o blancos.

Por otra parte, un juez que tiene un sesgo en contra de los acusados afroamericanos, debiera tener, en promedio, un “acusado marginal blanco” notablemente más peligroso que un “acusado marginal de color”, y más personas de raza blanca en libertad provisional deberían cometer delitos que personas de raza negra en igual situación.

Lamentablemente, implementar el test de Becker no es fácil. La razón es que, en cualquier muestra de datos de fianzas uno observa algunos acusados marginales pero también muchos “acusados inframarginales”, es decir, aquellos para los que los jueces no tenían duda alguna que debían (o no) ser liberados. Dado que sólo el juez conoce exactamente su estimación de los costos y beneficios, no es fácil rescatar únicamente a los “acusados marginales” de la muestra.

Un artículo reciente de David Arnold, Will Dobbie y Crystal S. Yang[1] se enfoca en el comportamiento de los jueces de fianza utilizando una metodología econométrica sofisticada que permite la identificación de los acusados marginales a partir de variables adicionales a las observables en la conducta o delito.  Los autores encuentran que el acusado marginal blanco que queda en libertad es 23,1 puntos porcentuales más probable que sea arrestado nuevamente antes del juicio que el acusado marginal negro, lo que implica que existe un sesgo significativo en contra de los acusados negros y esto es independiente de la “dureza” percibida del juez.

Más aún, los autores encuentran que esta diferencia no cambia entre jueces blancos o negros, es decir, no se trata de un sesgo asociado a un prejuicio interracial sino que está extendido a todos los jueces. Un segundo hallazgo es que la sobrerrepresentación de los acusados negros encarcelados preventivamente se encuentra en toda la curva de distribución de riesgo, lo que implica que es más probable que los jueces estén tomando decisiones basados en estereotipos y no en evidencia[2]. Finalmente, aparece que el sesgo es más fuerte entre jueces que trabajan tiempo parcial o que tienen poca experiencia, lo que implica que el prejuicio y el estereotipo tienden a tener más peso cuando hay menos información objetiva contra la que comparar.

Esto último sugiere una política pública que puede usarse para minimizar el sesgo racial en las decisiones de los jueces: proveerles de un sistema de evaluación de riesgo basado en datos observables y administrativos, alimentado por una gran muestra de acusados anteriores, que permita estimar el probable costo de liberación de un imputado en términos objetivos, libre de prejuicios y estereotipos.

 

[1] Arnold, David, Will Dobbie y Crystal S. Yang, 2018, “Racial Bias in Bail Decisions”,  mimeo, Departamento de Economía Universidad de Harvard.

[2] En un artículo relacionado usando la misma fuente de datos, algunos de los mismos autores encuentran que, de 186.938 acusados a los que se les negó la libertad provisional, 60,7% son negros y solo 38,3% eran blancos. En la muestra total, los acusados negros representan el 58,8% de la muestra por lo que están sobrerrepresentados entre aquellos que no son liberados mientras esperan juicio. También encuentran que sesgos similares podrían existir respecto a acusados con antecedentes penales, desempleados o que viven en barrios más pobres. (Dobbie, Will, Jacob Goldin y Crystal S. Yang, 2018, “The Effects of Pretrial Detention on Conviction, Future Crime, and Employment: Evidence from Randomly Assigned Judges”, American Economic Review 108(2).)