Un campo es fumigado en Colombia, un joven va a la cárcel en Perú: Making a Narco

Como consecuencia de la guerra a la droga en Colombia, la producción de cocaína se trasladó a Perú. El lucrativo negocio ilegal tuvo importantes consecuencias de largo plazo en la generación de niños que crecieron bajo el boom del cultivo y producción de droga. Sin embargo, una política pública parece haber protegido a algunos menores de este futuro.

En 1999 los gobiernos de Estados Unidos y Colombia implementaron el Plan Colombia, cuyo objetivo era erradicar la producción de cocaína en el país caribeño. Para ello se comenzó a fumigar con herbicidas las plantaciones de coca en los valles andinos colombianos. Como consecuencia directa de este plan (y sus otros ejes de acción) la producción colombiana de cocaína disminuyó en un 40% y el precio de la droga aumentó un 60%, entre 1999 y 2005.

Por supuesto, esto no podía ocurrir sin tener consecuencias en otros lugares, y las tuvo.

Entre el año 2000 y el 2005 la producción de cocaína en Perú se duplicó. Sin embargo, la industria de la droga peruana se organizó de una forma completamente distinta a las de los profesionalizados carteles colombianos. En los distritos productores de cocaína peruanos la droga es, fundamentalmente, un negocio familiar y las empresas que se construyen en torno a ellas son operadas por familiares cercanos, fundamentalmente por un asunto de confianzas. Como resultado, muchas de estas familias comenzaron a emplear a sus hijos en la producción de coca. Dado que la cosecha de coca y la posterior transformación de esta en pasta base de cocaína y luego en clorhidrato de cocaína es un proceso intensivo en trabajo, esto redundó en que muchos niños abandonaron el colegio para dedicarse a esta lucrativa labor.

¿Cuál fue el efecto de largo plazo de este fenómeno?

Armada con un considerable volumen de datos e interesantes fuentes de variación, la economista Maria Micaela Sviatschi, se aboca a contestar esta pregunta[1].  Los datos de Sviatschi incluyen información sobre: (i) cuáles distritos de Perú eran aptos para la producción de coca[2], (ii) asistencia escolar y rendimiento en distintos distritos, (iii) características familiares y, (iv) notablemente, la población penal en Perú en 2015 y 2016. Estos últimos datos contienen, entre  otros, información sobre el distrito de nacimiento de cada persona encarcelada, así como su fecha de nacimiento y escolaridad.

El principal resultado de la investigadora es que los niños que vivían en los distritos más afectados por el boom de la coca a principios de la década de 2000 tienen una probabilidad un 30% más alta de estar encarcelados hoy. El efecto se concentra, además, en los niños que eran preadolescentes al momento del alza del precio internacional de la cocaína.

¿A qué se debe este efecto?  Hay dos alternativas posibles, la primera es que responda al abandono del colegio que, como resultado, generó que los niños tuvieron menos educación formal y acumularon menos capital humano que les permitiría emplearse en el futuro, lo que los llevaría a delinquir. La segunda alternativa es que, durante su permanencia en la industria de la droga hayan adquirido algún conocimiento y capital social que es específico al negocio ilegal, por lo que aumentó para ellos el retorno de la actividad criminal.

La evidencia de Sviatschi apunta, desproporcionadamente, a la segunda hipótesis. Primero, la probabilidad de ser condenado aumentó sólo para delitos violentos y/o relacionados con la droga, no para delitos contra la propiedad, sexuales o económicos. Segundo, la evidencia de otros shocks al precio de productos legales producidos en Perú (oro, café, cacao) también están asociados con aumentos de la deserción escolar y el trabajo infantil, pero no con aumentos de la criminalidad posterior de los niños afectados. Tercero, la probabilidad de ser condenados no aumentó sólo para adultos que eran niños en distritos productores de coca y que se quedaron viviendo en esos distritos, sino también para los que emigraron fuera de ellos.

Sviatschi muestra que una política social peruana, circunstancial y parcialmente implementada en el mismo periodo, parece haber frenado esta tendencia en los distritos a los que afectó en forma intensiva. Se trata de un sistema de transferencias monetarias condicionadas, que pagaba a las familias un cierto monto de dinero en la medida en que sus hijos continuaban asistiendo al colegio.

En efecto, la investigadora encuentra que esta transferencia disminuyó la deserción escolar (incluso en los distritos intensivos en producción de cocaína donde se implementó), así como también la criminalidad posterior de los niños beneficiados.

Una pregunta interesante es si esto fue efecto del ingreso extra (familias que no entraron al negocio de la coca por tener más recursos) o a la condicionalidad (los niños siguieron yendo al colegio en lugar de emplearse en la industria de la droga). Los datos de Sviatschi muestran que se trata de lo segundo. Incluso si hubo sustitución de trabajo infantil por trabajo adulto en la producción de coca (y, por lo tanto, la actividad ilegal no disminuyó demasiado) el hecho de haber mantenido a los niños fuera de la industria es lo que parece haber disminuido su criminalidad de adultos.

Aun cuando las circunstancias peruanas parecen muy específicas y es difícil extrapolar a partir de esta experiencia a la política pública de otros países, la evidencia de Maria Micaela sugiere que, en este tipo de esquemas de transferencias la condicionalidad puede cumplir una labor importante cuando la población enfrenta problemas de incentivos asociados a la conducta de sus hijos. Por lo tanto, puede ser relevante pensar con cuidado qué condiciones se imponen y, además, la verificación de su cumplimiento.

 

[1] Sviatschi, Maria Micaela, “Making a Narco: Childhood Exposure to Illegal Labor Markets and Criminal Life Paths”, Universidad de Princeton, Working paper. Disponible en http://economia.uc.cl/wp-content/uploads/2018/01/makingnarco.pdf

[2] La coca es un arbusto muy exigente en las condiciones que requiere para crecer en buena forma. En particular, requiere terrenos sobre 2.000 metros de altura y con pendientes de alrededor de 20 grados. Como resultado, solo en 190 de los 1839 distritos de Perú es posible cultivar coca en forma económicamente viable.